Economía y alarmas

Fanny TrylesinskI

Hace algunas semanas, una crónica de este diario daba cuenta de la importancia que ha adquirido, y que se estima que lo seguirá haciendo en el futuro, el gasto en seguridad privada por parte de los hogares uruguayos.

Este gasto, según dicha crónica, comprende desde la colocación de alarmas en domicilios particulares hasta la contratación de servicios de respuesta móvil a empresas especializadas.

El gasto en alarmas se compone del que se deriva de la importación de los equipos, los gastos en impuestos (recargos, IVA, etc.), la intermediación comercial y finalmente la mano de obra e insumos para colocación de los mismos. Por su parte, cuando se contrata un servicio de respuesta móvil se está pagando los salarios de los trabajadores, los gastos en vehículos y su mantenimiento así como la utilidad por parte de las empresas prestadoras.

Como se puede concluir de la brevísima descripción anterior, a partir de la contratación de servicios de seguridad privada, habrá un flujo de ingresos para los trabajadores, para el gobierno y para los empresarios.

Mirado desde el punto de vista macroeconómico, todo ello constituye parte del Ingreso Nacional o del Valor Agregado Bruto de la economía y mirado desde la óptica de la producción es parte del Producto Interno Bruto (PIB).

A esta altura quizás el lector se pregunte si el aumento en los gastos en seguridad privada se traduce en un aumento del PIB. La respuesta es afirmativa. Ante la probable perplejidad que esto causa, debemos tener en cuenta que este hecho se deriva de la metodología aceptada internacionalmente para medir la producción y los ingresos de una economía. El Uruguay como casi todo el mundo, utiliza esa forma de medir estas variables.

Quizás la perplejidad del lector haya aumentado aún más. Se preguntará: ¿pero qué es lo que agregan los servicios de seguridad privados a la economía? Claramente desde un punto de vista del ciudadano, le brindan una protección que viene a agregarse a la que le debería dar el gobierno, o directamente a suplir un vacío porque el gobierno no se la da. Desde el punto de vista económico, hace aumentar el PIB. Sería una especie de juego en el que todos ganan.

Sin embargo, claramente esto no es así. Y ello por más de un motivo. Por un lado, porque los ciudadanos pagamos impuestos para que el gobierno nos provea de algunos servicios básicos que por distintos motivos el sector privado no podría dar: casos claros la justicia y la seguridad. Si el gobierno no proveyera esos servicios, los mismos serían accesibles sólo para aquellos con recursos como para obtenerlos.

En segundo lugar, porque todos esos recursos que se destinan a la seguridad privada podrían ser utilizados por la sociedad para otros fines.

Los ciudadanos estamos pagando dos veces por el mismo servicio, lo cual obviamente los encarece disminuyendo la productividad que podría tener la economía.

Si el gobierno cumpliera adecuadamente con su cometido básico en este tema, es decir si los ciudadanos pudiéramos sentirnos seguros y protegidos por las instituciones competentes para ello empezando por la policía y siguiendo por un cuerpo normativo adaptado a la realidad y que se cumpliera fielmente sucedería lo siguiente: el PIB no aumentaría tanto en el corto plazo, pero seguramente los uruguayos viviríamos mucho más felices. Ni siquiera sería necesario compararnos con lo peor del continente para consolarnos.